La nueva legislación amplía las facultades de los tribunales para congelar, bloquear y confiscar criptoactivos. Las restricciones incluyen la suspensión del acceso a intercambios, billeteras digitales y plataformas en línea. La ley trata los activos digitales como herramientas del crimen.
La ley también prevé la cooperación internacional para la recuperación de activos y la creación de una base de datos nacional sobre las estructuras financieras de organizaciones criminales.