La empresa bloqueó los fondos en octubre de 2025 tras una solicitud oficiosa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los demandantes afirman que las autoridades estadounidenses emitieron una orden de incautación de los fondos solo en febrero de 2026. La congelación se produjo en el marco de una investigación sobre un esquema fraudulento por 61 millones de dólares. La orden indicaba quemar y volver a emitir los tokens a una billetera electrónica gubernamental.
Al mismo tiempo, los demandantes no cuestionan su participación en el fraude de inversión. Ponen en duda la autoridad de los emisores de stablecoins para congelar fondos. Además, exigen que se desbloqueen sus activos y se les paguen posibles sanciones. Esta semana, la SEC de Tailandia publicó nuevas normas para las criptomonedas destinadas a impedir el lavado de dinero. Entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027.