Así lo anunció la portavoz del nuevo gobierno, Anita Kobol. Desde el 1 de julio de 2025, el país había criminalizado el uso de intercambios no licenciados y operaciones no autorizadas de grandes sumas. Las personas físicas enfrentaban penas de prisión de 2 a 5 años, dependiendo del monto de la transacción. Además, los proveedores de servicios podían enfrentar hasta 8 años de cárcel por operar sin licencia del Banco Central. Las regulaciones también exigían pasar una verificación especial para operaciones de intercambio a fiat y de criptomonedas a otras criptomonedas. Esto forzó a varias plataformas de criptomonedas, incluida Revolut, a abandonar el mercado cripto húngaro. Además, la UE comenzó a examinar estas restricciones para verificar su conformidad con las normas paneuropeas.